El 26 de noviembre de 2016 el Gobierno colombiano y la guerrilla FARC-EP firmaron el Acuerdo Final para la terminación del conflicto (en adelante, Acuerdo de Paz-AP-). El movimiento de mujeres tuvo un papel crucial en la creación de la Subcomisión de Género de la Mesa de Negociaciones de La Habana y contribuyó a la incorporación de un enfoque de género en el AP que se concertó en 122 medidas diferenciales o afirmativas, dirigidas a garantizar igualdad entre hombres y mujeres, a superar la discriminación por razones de género, y al reconocimiento de la violencia sexual como un crimen grave del conflicto armado. Sin embargo, esos avances han sido cuestionados por sectores políticos de derecha y comunidades religiosas y conservadoras en Colombia, conectadas con una tendencia mundial a desconocer los derechos de las mujeres y LGBT, a legitimar el odio, estigmatización, amenazas, violencia sexual, tortura, asesinato y otras violaciones de derechos humanos, y a mantener la inequidad y la desigualdad social. Para asegurar la sostenibilidad del proceso de paz, es crucial que las medidas del enfoque de género se conviertan en herramientas reales que trasformen las condiciones de vida de las mujeres y garanticen el goce efectivo de sus derechos humanos.