28-03-2017 / 2:21 pm

[Comunicado] Demandamos garantías de participación para la construcción de país

Si de verdad queremos que el país repunte. Señor Presiente demuestre con contundencia voluntad de proteger y garantizar el derecho a la participación y a la vida con dignidad y democracia real. 

Refujiadas

Con enorme preocupación denunciamos la grave situación que enfrentan organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos, ante la falta de garantías para participar en la reconstrucción del país. Las sistemáticas amenazas, intimidaciones y asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, es intolerable y debe ser una alarma mundial.

La Defensoría del Pueblo documenta 120 asesinatos de defensores y defensoras en los últimos 14 meses. Al menos 310 organizaciones están en riesgo en todo el país. Organizaciones que tienen una apuesta por la implementación de los acuerdos de paz con la FARC-EP y la participación en los diálogos con el ELN, con agendas consolidadas y viables. Situación que genera un ambiente de inseguridad e incertidumbre generalizada para el ejercicio de participación ciudadana, evidenciando la intencionalidad de los enemigos de la paz, de seguir imponiendo un modelo de sociedad, donde impere el terror y el sometimiento a un modelo político, económico, social y ambiental mafioso, depredador, discriminatorio y excluyente, donde las mujeres y las niñas, somos las más castigadas.

Expresamos nuestra indignación, por los asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos. Las detenciones de líderes y liderazas sociales, en Sur de Bolívar, Cesar, Casanare, Cauca, Barrancabermeja y la retención en México de Gloria Inés Ramírez, vocera de la Macha Patriótica y el investigador Atilio Borón. Nos solidarizamos con la Corporación Sisma Mujer, con el proceso de Consulta Popular contra la minería, las organizaciones de mujeres, Indígenas, Afrocolombianas, Campesinas, organizaciones sociales, Congreso de los Pueblos, Cumbre Agraria, que viven una situación de amenazas, ataques permanentes, acciones irregulares de la fuerza pública y asesinatos selectivos. Y con todas las organizaciones sociales y de derechos humanos en cada una de las Regiones en Colombia que sufren agresiones permanentes contra su integridad. Respaldamos su trabajo a favor de nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias y con justica social.

El Estado Colombiano, debe actuar con la contundencia debida e implementar los Acuerdos de Paz, ahora que el momento histórico lo demanda. Para que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones y la democracia, como el escenario que posibilita la construcción de una paz transformadora, basada en la justicia social y la convivencia pacífica. Demandamos al Estado Colombiano, la debida diligencia que se requiere, en el desmantelamiento de los grupos paramilitares, autores materiales de los asesinatos y hostigamientos permanentes hacia las organizaciones sociales y de derechos humanos. Si de verdad hay una apuesta por respetar los acuerdos y transformar las causas de la violencia, es fundamental contar con instituciones públicas fortalecidas para el desmantelamiento de la estructura paramilitar, que hoy está más viva que nunca. No se trata de neutralizarlas.

Demandamos la implementación de la Comisión de Seguridad y Garantías, que empiece a operar con los recursos suficientes y cumpla su función. Que se revise el Programa de Protección, desarrollando acciones preventivas con eficacia.

Agradecemos a todas las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan y expresan su solidaridad con la grave situación de las organizaciones sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Hacemos un llamado para mantener la alerta por esta grave situación de los y las defensoras de DDHH, en especial la atención a las mujeres y sus organizaciones.

Seguiremos denunciando y manteniéndonos en alerta para que se conozcan los hechos de muerte y la falta de garantías para defender los derechos humanos y la construcción de paz.

Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas en España. España, 25 de marzo de 2017

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